El sistema de pensiones públicas en España está gestionado por la Seguridad Social, contando con protección y reconocimiento por parte de la Constitución española en el artículo 41, en donde se recoge que «los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales ante situaciones de necesidad».
En España, el sistema público de pensiones se mantiene gracias a las aportaciones de todos los trabajadores, que por medio de sus cotizaciones a la Seguridad Social se encargan de nutrir la llamada ‘Caja única‘, que es el fondo de donde sale el dinero para abonar las pensiones por jubilación. En otros países, para conservar este derecho, cada trabajador cotiza y aporta dinero para su plan de pensiones individual.
¿Cómo funciona las pensiones públicas de jubilación?
Las pensiones públicas en España se rigen bajo cinco principios:
- Principio de reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo se encargan de financiar las prestaciones que haya en ese momento.
- Principio de proporcionalidad contributiva: la cuantía de las prestaciones mantendrá una relación directa con las cantidades aportadas a la Seguridad Social, así como al periodo de cotizaciones.
- Principio de universalidad: las personas que no hayan contribuido al sistema también podrán beneficiarse de prestaciones no contributivas que tienen por objetivo satisfacer las necesidades más básicas.
- Principio de gestión pública: la Seguridad Social estará financiada y gestionada en todo momento por organismos públicos.
- Principio de suficiencia de prestaciones: la cuantía de las prestaciones debe ser suficiente para garantizar las necesidades protegidas.
Una vez que el trabajador se retire del mercado laboral tras haber cumplido la edad legal de jubilación y haber cotizado los años correspondientes podrá acceder a una pensión mensual de carácter vitalicio. La cuantía de la misma variará en función de las bajas por las que haya cotizado en los últimos años de vida laboral (que alcanzará los 25 años en 2022), los años cotizados y el tipo de jubilación, que puede ser anticipada, diferida u ordinaria.
Para acceder a la pensión de jubilación pública hay que cumplir una serie de requisitos, como son:
- Tener cotizados como mínimo quince años.
- En el periodo de quince años anteriores a la jubilación hay que acreditar al menos un par de años de cotizaciones.
La ley de 2013, con cambios en la edad de cotización y en los periodos de cotizaciones computables para la pensión de jubilación, han provocado un mayor endurecimiento para acceder a esta prestación. De los 65 años establecidos para la retirada laboral en 2013, en 2027 se pasará a los 67 años. Podrán continuar jubilándose a los 65 años sin penalización aquellos que al menos hayan cotizado 38 años y seis meses.
Este formato de prestación pública exige para su viabilidad que haya más trabajadores activos que pensionistas, así que el sistema dependerá en gran medida de la pirámide poblacional. Sin embargo, en los últimos años, ante el envejecimiento de la población y la alta tasa de paro, el sistema ha sufrido un duro varapalo. Al gastarse más de lo que se ingresa, es decir, que los trabajadores activos no consiguen sufragar el gasto de las pensiones de jubilación, el Gobierno se ha visto obligado a recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como la hucha de las pensiones, en donde se había ido acumulando el superávit de las cotizaciones desde el año 2000.
La previsión es que los trabajadores que se jubilan en el plazo de 10-20 años reciben unas pensiones inferiores a las que reciben los jubilados más recientes, sobre todo por la presencia de salarios más bajos y bases de cotización menores, así como la ampliación de los años de cotización y de la edad de retirada.
