El trabajo temporal entre los trabajadores público ha aumentado hasta el 26%, pese a los acuerdos previos para reducirlo. En 2017 y 2018 el Gobierno Central había firmado un acuerdo con los sindicatos para disminuir la tasa del empleo temporal hasta el 8%. No obstante, en lugar de acercarse a la meta, el objetivo se ve cada vez más peligrosamente lejano.
Los sindicatos, como UGT, CCOO y CSIF, han achacado el alza del trabajo temporal en las administraciones públicas a la necesidad de personal permanente y estructural en los servicios públicos sin que se haya convocado una oferta de empleo necesaria. La pasada crisis económica restringió la creción de nuevas plazas en la Administración Pública, pero también afectó al relevo de personal en jubilación debido a la tasa de reposición. El secretario de la Organización de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, Frederic Monell, ha declarado lo siguiente:
La Administración debería plantearse que no se puede estar tantos años sin convocar plazas. Esto crea una acumulación de déficit muy importante, se contrata a personal temporal y se llega a una situación insostenible. La clave para nosotros es eliminar la tasa de reposición y que las administraciones convoquen, cada año, las vacantes necesarias.
Durante los años de recuperación económica, tras los años de crisis, la tasa de temporalidad no ha dejado de crecer. El último trimestre del año pasado cerró con la mayor tasa de la década, según el EPA. El año pasado la tasa de empleados con contrato temporal, en conjunto, ascendió al 26,9%, dos décimas más que el mismo periodo del año anterior. Comparando esta tasa entre empleados del sector público y privado, se observa que la tasa es más elevada entre los trabajadores de ámbito privado, con un 27%. No obstante, esta cifra se ha reducido ligeramente en 2018 respecto al año anterior. En contraparte, la temporalidad en el sector público está en aumento, algo más de dos puntos respecto al último año, del 24% al 26%. Además, la mayoría de estos contratos son con el objetivo de cubrir ausencias, totales o parciales, de otros trabajadores.
Ante estos datos, los sindicatos piden que se lleve a cabo la viabilidad del acuerdo y poder reducir la tasa de temporalidad en los próximos dos años a un tercio. No obstante, son conscientes de que para lograr el objetivo se requiere una puesta en marcha de un proceso administrativo complejo, es por ello que llaman a las administraciones pertinentes a cumplir con su compromiso. Francisco Iglesias, vicepresidente de CESIF apunta que “en ningún caso las convocatorias de empleo público deberían demorarse más de un año”.